Fundación EcoCiencia presentó ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aportes técnicos sobre los impactos de la minería ilegal y la necesidad de fortalecer las herramientas legales para responder de manera oportuna a los delitos ambientales.

Fundación EcoCiencia participó este 1 de octubre en una sesión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La jornada estuvo enfocada específicamente en las disposiciones relacionadas con delitos ambientales y forma parte del proceso legislativo previo a la elaboración del informe para segundo debate.

Durante la sesión, Jorge Villa, coordinador de proyectos en Fundación EcoCiencia, presentó información técnica sobre los impactos asociados a la minería ilegal, una problemática que genera deforestación, contaminación, destrucción de ecosistemas, pérdida de hábitats naturales y afectaciones dentro de áreas protegidas. La intervención permitió trasladar al espacio legislativo evidencia generada a partir del monitoreo y análisis territorial que desarrolla la EcoCiencia.

Uno de los territorios señalados durante la comparecencia fue Zamora Chinchipe, en la Amazonía sur ecuatoriana, donde el análisis mediante imágenes ha permitido evidenciar la presencia de más de 300 campamentos ilegales. Villa destacó que la dimensión alcanzada por esta problemática requiere abordarla no únicamente desde la perspectiva ambiental, sino también desde la seguridad y desde la capacidad del Estado para investigar y actuar frente a estas actividades.

Desde EcoCiencia se enfatizó, además, la importancia de contar con una legislación que facilite la denuncia y permita una actuación oportuna de la justicia. Este planteamiento cobra relevancia en un contexto en el que las reformas al COIP buscan revisar las disposiciones y sanciones relacionadas con los delitos contra el ambiente y la naturaleza. Actualmente, el Código contempla un capítulo específico para estos delitos, que incluye infracciones contra la biodiversidad, los recursos naturales y la gestión ambiental.

La participación ante la Asamblea Nacional se enmarca en el trabajo que EcoCiencia viene desarrollando para generar información técnica y geoespacial que contribuya a comprender la expansión de actividades ilegales y sus impactos sobre ecosistemas estratégicos de la Amazonía ecuatoriana. Llevar esta evidencia a espacios de discusión legislativa busca aportar insumos técnicos para la construcción y revisión de instrumentos que permitan fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos ambientales.

Para EcoCiencia, la información científica y el monitoreo territorial adquieren mayor impacto cuando pueden contribuir a los procesos de toma de decisiones. La participación en este espacio legislativo representa una oportunidad para acercar la evidencia generada desde los territorios al debate sobre las herramientas jurídicas necesarias para prevenir, investigar y sancionar los delitos ambientales en Ecuador.

Fotografía cortesía: Asamblea Nacional del Ecuador.