Fundación EcoCiencia participó en el Foro Regional Andino-Amazónico: Intercambio de experiencias sobre herramientas de monitoreo territorial, mercurio y minería, realizado el 8 de septiembre de 2026 en Quito. El encuentro reunió a especialistas y representantes de diferentes organizaciones e instituciones para intercambiar conocimientos, metodologías y herramientas frente a los impactos de la minería ilegal y la contaminación por mercurio en la región andino-amazónica.
Jorge Villa, de Fundación EcoCiencia, participó en el panel “Monitoreo geoespacial, alerta temprana y generación de evidencia técnica para la prevención y detección de minería ilegal”, donde compartió la experiencia de la organización en el uso de imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y nuevas tecnologías para identificar la deforestación asociada a la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana y aportar evidencia para la toma de decisiones.

Durante su intervención, Villa resaltó la importancia de que las decisiones frente a esta problemática se sustenten en información científica, medible y verificable. Explicó que las metodologías utilizadas para el monitoreo han evolucionado desde la detección visual hacia algoritmos especializados y, actualmente, herramientas de inteligencia artificial que permiten identificar con mayor precisión dónde ocurre la actividad minera y cuánto bosque se está perdiendo. También destacó la importancia de plataformas como Amazon Mining Watch, que facilitan el acceso, visualización y descarga de información sobre minería de oro en la Amazonía, “los datos científicos y verificables son la fuente de toda decisión informada”, indicó Villa.
Uno de los principales mensajes de su participación fue la necesidad de avanzar más allá de la generación de información. Si bien las tecnologías de monitoreo continúan mejorando, Villa señaló que uno de los mayores desafíos actuales es lograr que los datos obtenidos se conviertan en mecanismos efectivos de fiscalización y respuesta. En ese contexto, explicó que EcoCiencia ha complementado su trabajo de monitoreo con el análisis del marco normativo y con propuestas orientadas a fortalecer la respuesta frente a la minería ilegal.
Como parte de este proceso, EcoCiencia presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que plantea, entre otros aspectos, establecer reserva en las denuncias relacionadas con minería ilegal y fortalecer las sanciones cuando estas actividades se desarrollen dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o provoquen daños ambientales irreversibles. La iniciativa busca contribuir a cerrar la brecha entre la generación de evidencia y su utilización en acciones concretas de prevención, control y sanción, como indicó Villa: “No nos hemos quedado mucho en la actividad de monitoreo, sino pasamos también a la acción” .

Villa también destacó que una respuesta efectiva requiere combinar la información obtenida mediante sensores remotos y análisis satelital con el conocimiento generado directamente desde los territorios. Las comunidades y pueblos indígenas cumplen un papel fundamental al aportar información específica sobre las presiones y los impactos que enfrentan sus territorios, por lo que fortalecer los sistemas de monitoreo territorial comunitario resulta clave para construir mecanismos de respuesta interinstitucional.
Desde EcoCiencia, este enfoque se traduce en procesos de fortalecimiento de capacidades de monitores territoriales y en la incorporación del monitoreo en estatutos, planes de vida, protocolos y otros instrumentos de gestión. La articulación entre conocimiento ancestral, herramientas tecnológicas y metodologías científicas permite generar información que pueda ser utilizada tanto por las propias comunidades como por instituciones responsables de tomar decisiones.
La participación de EcoCiencia en este espacio reafirma la importancia de conectar ciencia, tecnología, conocimiento territorial y acción pública para enfrentar la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. Generar información confiable constituye un primer paso; lograr que esa evidencia active decisiones, fortalezca la fiscalización y contribuya a la protección efectiva de los territorios es el desafío que sigue.
